Acompañamos la presentación del informe final de las violaciones de Derechos Humanos en Jujuy.

Este miercoles 3 de agosto se  presentó el informe de violencia a los derechos humanos y garantías constitucionales en la provincia de Jujuy, a las 13hs en el salón blanco del Congreso de la Nación.

Una Comisión en Defensa de los Derechos Humanos relevó abiertas violaciones a los derechos humanos en Jujuy cometidas por una estructura judicial, político y policia, encabezada por Gerardo Morales.

La “Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos”, integrada tanto por militantes de organismos de Derechos Humanos como por organizaciones sociales, políticas y sindicales, relevaron la vulneración a los Derechos Humanos en la provincia de Jujuy, del 13 al 15 de julio de 2022.

En solo tres días de relevamiento, la Comisión relevó no menos de 58 casos de violaciones a los Derechos Humanos, de los cuales se recabó información por medio de entrevistas, testimonios orales y escritos y/o denuncias formales.

Algunos de los delitos cometidos por el Estado jujeño, se revacaron siete allanamientos irregulares, dos hechos de espionaje ilegal/infiltración en organizaciones sociales, una violación a la Ley de Inteligencia, dos hechos de persecución política con armado de causas, tres obstáculos a la debida defensa, dos hechos de hostigamiento y persecución a organizaciones sociales, siete casos de detención y tortura, nueve hechos vinculados a la creación y utilización del Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social, siete casos de violación a los derechos de los pueblos indígenas, y 17 casos de despojo de tierras.

Desde la Comisión se  sostuvo que la sistemática persecución política y criminalización, los presos y presas políticas de Jujuy, la falta de poderes independientes en la provincia, conlleva a seguir afirmando que el Estado de Derecho no se encuentra vigente, ni está en condiciones de garantizar los derechos humanos del pueblo jujeño.

La Comisión estuvo integrada por: Pablo Pimentel, APDH La Matanza / Maria José Cano DDHH ATE-CTAA Nacional / Sergio Job, Abogado UTEP Córdoba / Andrés Demaria, Abogado, Encuentro de Organizaciones – UTEP (cba) / Daniela Veron, Abogada, CAJ Paraná / Paula Casal, Abogada, Dirección de Acceso a la Justicia Buenos Aires / Natalia Zaracho, Diputada Nacional Frente Patria Grande / Jennifer Carrera, Abogada, Centro de Acceso la Justicia, Roca, Río Negro / José Luis Fuentes, Coordinador NEA Centro Acceso a la Justicia, Misiones / Lisa Cabral, Abogada MTE / Enrique Pistone – Abogado, DDHH San Francisco (CBA).

En su informe final, la Comisión recordó la estructura montada por Gerardo Morales para instaurar un régimen de persecución contra organizaciones sociales y sus militantes. En ese sentido, argumentaron que apenas asumido Morales, diciembre de 2015 reforma la ley orgánica del Poder Judicial modificando el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de cinco a nueve en sesiones extraordinarias de la Legislatura.

Paradójicamente, dos de los diputados que levantaron la mano por la positiva, días después pasaron a jurar como jueces del máximo tribunal. Con la Corte Suprema bajo su poder, Morales, a través del Congreso, sancionó la Ley 5.895, creando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y estableciendo allí, todas las facultades para la persecución penal.

La Comisión afirmó que “Morales se aseguró un poder judicial obediente a sus proyectos políticos y al servicio de los poderosos de la provincia que gobierna. Luego de reconfigurada la justicia jujeña, el hostigamiento, la persecución y criminalización sobre luchadores y luchadoras populares, organizaciones sociales, políticas y sindicales, fue in crescendo al punto de lo absurdo e inconstitucional”.

La frutilla del postre del aparato de persecución se compone con el uso sistemático del Código Contravencional – ley provincial heredada de la gestión de Eduardo Fellner – como mecanismo disciplinador y de amedrentamiento sobre quienes se organizan, protestan y manifiestan socialmente.

La Comisión tenía prevista una visita a la provincia jujeña para el mes de agosto del corriente año, pero luego de la visita de Alberto Fernández a Milagros Sala, se desataron en la provincia graves persecuciones hacia organizaciones sociales.

En la mañana del día miércoles 6 de julio se llevaron a cabo en forma simultánea 16 allanamientos a referentes sociales y organizaciones, algunos de ellos con mucha violencia. La orden de allanamiento fue del Dr. Diego Ignacio Funes, que tiene a su cargo la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2; y segundo de Sergio Lello Sánchez, Fiscal General del MPA.

El Dr. Funes envió a la policía y asistentes fiscales a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones, vinculados con el Movimiento Evita, el MTE, la Tupac Amaru, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la CTEP, Nuestramérica, el MTR 12 de Abril y el Frente Darío Santillán.

Los allanamientos se desatan en el marco de una causa que comienza el 31 de marzo de este año 2022, cuando según consta en foja 1 del expediente el fiscal Funes dispuso crear Grupos de Trabajo para infiltrar a todas las organizaciones sociales que se iban a movilizar ese día, durante la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados y que encabezaba el gobernador jujeño Gerardo Morales.

La orden de infiltración tenía como objetivo “individualizar” a sus referentes. La investigación fue encomendada a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, es decir, al propio Ejecutivo Provincial. Estas infiltraciones, tal como las llama el fiscal, son el antecedente directo de los 16 allanamientos que vinieron a posteriori.

 

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