El Senado aprobó la prórroga y la reforma de la ley de barrios populares.

Sin que falte alguna chicana se parobo finalmente con 64 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Senadores convirtió en ley una iniciativa promovida por las organizaciones sociales. El objetivo es urbanizar los más de 5 mil barrios populares del país y suspender los desalojos, incluyó dos modificaciones clave: sumó más de 1200 barrios al Registro Nacional de Barrios Populares y extendió la prohibición de desalojos por 10 años más.

Fuimos muchos los militantes de organizaciones sociales que llevamos la lucha por su aprobación en el 2018, y la sostuvimos hasta hoy que el Senado sancionó la prórroga y reforma de la ley de barrios populares.

Esta ley apunta a garantizar la urbanización de los más de 5 mil barrios populares del país y que, además, prohíbe los desalojos por 10 años. Habiendo sido aprobada casi por unanimidad, el debate se desarrolló en un clima más bien apacible y, más allá de alguna discusión respecto de a quien le correspondía el mérito de haber impulsado el proyecto, oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de que la regularización dominial de los barrios populares fuera una política de Estado. “La ley tiene que ver con mejorar la calidad de vida, con responder a una deuda histórica de la democracia como lo es tener tierra para vivir y trabajar”, destacó la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, desde los alrededores del Congreso, donde habían concentrado varios movimientos sociales.

Este último punto resultaba clave ya que la prohibición de desalojos de la ley del 2018 estaba por vencerse a fin de mes y, tal como relató Anabel Fernández Sagasti (FdT), el Poder Judicial ya estaba enviando “un festival de notificaciones de desalojos a familias que, incluso, vivían en el barrio hace 40 años”. Las organizaciones sociales -las principales impulsoras de la ley sancionada durante el macrismo- venían advirtiendo hace meses de la urgencia de prorrogar la ley para evitar que esto sucediera y por eso habían movilizado al Congreso para exigir su aprobación. “Lo más importante es frenar los desalojos que se están dando con mucha frecuencia y cada vez con más dureza y represión. Y esto es porque durante la pandemia se profundizaron los desalojos, fundamentalmente porque la gente que vivía hacinada con la familia se iba a un terreno y lo tomaba para ponerles un techo a sus pibes”, explicó Dina Sánchez, referenta también del Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones que, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita, había convocado al Congreso. En los palcos, a su vez, había varios dirigentes, así como la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y la titular de la Secretaría de Integración Sociourbana, Fernanda Miño.

Juan Grabois por su parte expero en sus redes:

Ayer se sancionó la reforma de la ley de barrios populares que prorroga la suspensión de desalojos por 10 años. Una ley que peleamos durante el gobierno macrista en 2018 y salió por unanimidad. Sobraban las críticas en ese momento pero lo qué pasó después ya es conocido: el pueblo derrotó a Macri y hubo decisión política para asignar los recursos y avanzar con la integración socio urbana de los barrios populares como política de estado para que millones de familias tengan seguridad en la tenencia y acceso a servicios básicos. Los movimientos populares vamos a pelear siempre por políticas de tierra, techo y trabajo para los de abajo aunque en frente tengamos gobiernos que nos gusten más o menos. Eso es algo que a la política tradicional le cuesta entender. Ojalá este sea el primer ejemplo de muchas otras políticas públicas para el pueblo pobre.