Ya no existe el plan ENIA, MILEI lo eliminó
Este Plan consistía en prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia. Los Ministerios Nacionales de Salud, de Desarrollo Social y de Educación, trabajamos en conjunto para garantizar los derechos de los y las adolescentes al acceso gratuito de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral y asesorías en las escuelas, la consejería en salud sexual y reproductiva y actividades de promoción comunitarias.
El vocero presidencial Manuel Adorni, ratificaba el desguace del exitoso programa que redujo a la mitad las tasas de embarazo adolescente en el país en menos de cuatro años y es modelo en la región por sus rápidos resultados. El Ministerio de Salud y el vocero presidencial dieron una versión confusa del futuro del Plan ENIA. “Ni se cierra, ni se desmantela. Se ordena. El Ministerio compra insumos y las provincias se hacen cargo de la implementación”, dijo Manuel Adorni. Un comunicado de la cartera de Salud dio una explicación similar.
El Plan se venía desarrollando desde 2018 en 36 jurisdicciones de 12 provincias, aquellas con los indicadores más altos de embarazo en adolescentes. Se estima que 7 de cada 10 gestaciones en ese grupo etario no son intencionales.
Desde la oposición piden explicaciones al Gobierno: la diputada radical Carla Carrizo junto a otros legisladores de su bancada presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Ejecutivo Nacional que informe sobre el estado actual del Plan ENIA. Carrizo señaló que “el Plan ENIA es una referencia de experiencia exitosa, es una de las pocas políticas de Estado –atravesó dos gestiones de gobierno– que realmente han dado resultados positivos, un ejemplo para otras políticas que enfrentan el desafío de coordinar sectores y actores en un país con 24 distritos. Debemos evitar que la motosierra pase por las políticas que funcionan bien. El Plan ENIA redujo a la mitad el embarazo adolescente no deseado en Argentina”.
“El Plan ENIA está concebido como un plan integral con dispositivos sectoriales que deben articularse con una gestión territorial coordinada desde el nivel central para ejercer rectoría, fijar metas, monitorear y evaluar resultados, asignando recursos para su funcionamiento y para introducir incentivos al buen desempeño. La propuesta del Ministerio no ordena el plan, lo desordena hasta desmantelarlo. Ese será el efecto de retirar el financiamiento de los recursos humanos dedicados al Plan”, denunció la socióloga e investigadora Silvina Ramos, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). “Discontinuar el plan significa abandonar a las adolescentes. Es un abandono del resguardo que se les daba en términos del acceso a la educación sexual integral para que pudieran informarse más y mejor sobre muchos aspectos de la sexualidad”, agregó.
Las adolescentes no sólo consultaban por temas vinculados a su salud sexual. En las consejeras que estaban en las escuelas secundarias habían encontrado un espacio de confianza y escucha: “El segundo motivo de consulta, luego de la anticoncepción, era la salud mental”, destacó en diálogo con este diario Juan Carlos Escobar, médico pediatra y de adolescentes y ex titular de la dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de Nación
“¿Cómo nos desentendemos de estos pedidos?”, se pregunta muy angustiada Silvia Alanis, refiriéndose a los mensajes que le siguen llegando a su celular de parte de estudiantes de las dos escuelas de Hipólito Yrigoyen, en Orán, Salta, donde trabajó en los últimos tres años como consejera en salud integral.
Alanís es psicopedagoga y sostén de hogar: vive con su hija de 17 años. Ahora está desempleada. “Hablo de esto y no puedo dejar de pensar en lo que se puede llegar a perder con estas políticas de desguace. Después de la pandemia muchxs adolescentes quedaron con mi número de teléfono porque en ese tiempo nos encontrábamos a través de la virtualidad, adolescentes que muchxs de elles hasta hoy me siguen escribiendo solicitando un turno para acceder a la colocación de un método anticonceptivo”, destacó. En Salta, la tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años era de 66,2 por 1000 en 2018, muy por encima de la media nacional, y bajó en 2022, a 33,9 por 1000. Sigue estando por encima del promedio del país, pero desde la implementación del ENIA se redujo en un 51 por ciento. También bajó en la misma proporción entre niñas de 10 a 14 años.
Los sueldos de quienes integraban los equipos técnicos rondaban entre 200 mil y 300 mil pesos, según las funciones y la jerarquía. Prevenir cada embarazo en la adolescencia le costaba al Estado 60 dólares, según estimaciones del Plan.
El embarazo en la adolescencia es un fenómeno global con consecuencias graves para la salud, la sociedad y la economía.
En Argentina, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), agencia de la ONU que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos y el fin de las violencias de género, 43.210 adolescentes de entre 15 y 19 años tuvieron un hijo o hija en 2022, de los cuales 5 de cada 10 embarazos fueron no intencionales.
Este dato no solo da cuenta de la falta de acceso a información y métodos anticonceptivos, sino que también tiene que ver con el impacto en la trayectoria vital, porque restringe sus oportunidades educativas y laborales.
La responsabilidad de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia no debe recaer solo en los adolescentes y sus familias: es necesario un compromiso por parte de toda la sociedad. Es fundamental que centros educativos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, la academia y el sector privado trabajen en conjunto para crear un entorno que favorezca la educación en materia de salud sexual y reproductiva y en la implementación de políticas específicas en este tema, con especial foco en quienes integran las poblaciones más vulnerables.
“A su vez, la vergüenza y la falta de conversación muchas veces hace que las y los adolescentes no accedan a información sobre cuidados adecuados a su edad que puedan contribuir con la prevención del embarazo no intencional.
Es crucial abordar este tema desde una perspectiva integral, considerando factores sociales, económicos y de acceso a la atención médica.
Garantizar los derechos de las adolescencias al acceso gratuito a la salud sexual y reproductiva.
Sensibilizar sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.
Potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia.
Brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los servicios de salud.
Fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción del embarazo según el marco normativo vigente.