ONU dice NO al Protocolo Anti-piquetes

Naciones Unidas desmenuzó artículo por artículo el protocolo que Bullrich puso en práctica por primera vez el 20 de diciembre pasado y que viene fallando porque no logra –a pesar de la saturación y de la parafernalia policial– impedir que los manifestantes corten las calles para hacerse escuchar. No hubo ni una sola ponderación positiva.

Se trata de Clement Nyaletsossi Voule (vocero sobre Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos), que hicieron pública la declaración conjunta esta semana.

“El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, afirmaron los tres expertos que enviaron la comunicación al Estado argentino.

Bullrich caracterizó las protestas y los cortes de calle como un delito flagrante, que permite la actuación de las fuerzas de seguridad sin que haya una orden judicial. Sin embargo, la ONU le respondió que podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”. Para los expertos, “considerar toda reunión como violenta o delictiva ex ante es una decisión contraria al estándar internacional”.

La interrupción del tráfico no constituye violencia –remarcan– y únicamente se habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar a los manifestantes si hay una amenaza inminente de violencia grave. “Los estándares internacionales prevén que la sociedad toda pueda enterarse de las demandas de quienes ejercen este derecho, y subrayan que la libertad de reunión pacífica es un derecho, no un privilegio”, subrayaron.

Según el protocolo, si una persona migrante es parte de una protesta, las autoridades pueden dar aviso a Migraciones. Para la ONU, es una medida discriminatoria. “Todos tienen el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos. Lo pueden ejercer, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas”, recordaron.

Sobre la presencia de niñes y adolescentes en manifestaciones, los expertos de la ONU enfatizaron que el Estado argentino debe permitir que puedan ejercer su derecho a reunirse pacificamente y tiene la obligación de concientizar a los funcionarios sobre las necesidades específicas de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
Según el organismo internacional, ni el protocolo ni el capítulo de Seguridad de la ley Ómnibus son compatibles con los estándares internacionales. El pronunciamiento se conoció después de una denuncia que hicieron las centrales obreras, movimientos sociales y organismos de derechos humanos

“La obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden; su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen”, destacaron.

Desde la ONU también le dijeron a Bullrich que no debería usar en el protocolo expresiones como “armas no letales” porque, en realidad, la experiencia muestra que esos dispositivos también pueden matar si se usan de manera indebida. Además, pidieron al gobierno que consideren lo estipulado en el protocolo antipiquete implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es ilegal.

En concreto, los relatores de la ONU recuerdan que“el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”.