Causa Vialidad: llegó el día del ministro al que le piden 10 años de cárcel pero no fue nombrado en 39 meses de juicio
En el juicio contra Cristina Kirchner por las obras viales en Santa Cruz, este lunes tomará la palabra el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, uno de los críticos más duros de la acusación de los fiscales Luciani y Mola. Las absurdas imputaciones realizadas.
El juicio por la obra pública en Santa Cruz continúa este lunes con el alegato de uno de los abogados más vehementes y sólidos, Maximiliano Rusconi. El letrado, junto a Gabriel Palmeiro, defienden a Julio De Vido, exministro de Planificación. Una de las cuestiones más salientes de los tres años y tres meses que duró el juicio -seguido en todas las audiencias por Página/12– es que nadie nombró nunca a De Vido: no hubo un solo testigo que le adjudicara alguna indicación, no se exhibió un mail, un chat o alguna evidencia. Es más, se le adjudica el delito de administración fraudulenta, pero en realidad quienes tienen la facultad de administrar el presupuesto votado por el Congreso Nacional son los jefes de Gabinete, no el ministro del área.
Rusconi y Palmeiro se turnarán a lo largo de dos jornadas, lunes y martes, arrancando a las 9.30 y con final, puesto por el Tribunal, a las 15. En realidad, las defensas pueden usar tres días, pero los letrados anticiparon que con dos será suficiente. El alegato puede seguirse por el canal de Youtube del Tribunal Oral Federal número 2.
Es evidente que Rusconi será uno de los abogados más duros contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a los que recusaron en su momento tras la publicación en Página/12 de las fotos en que Luciani y el presidente del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, aparecieron jugando juntos en el equipo Liverpool, en la quinta del expresidente Mauricio Macri. Como se sabe, la recusación fue rechazada y ahora llegó a la Cámara de Casación.
El acusado fantasma
En su acusación contra De Vido, los fiscales pidieron 10 años de prisión por considerarlo organizador de la asociación ilícita encabezada por la vicepresidenta y partícipe primario de la defraudación contra el estado. Como no pudieron esquivar el hecho de que nadie lo haya nombrado en 39 meses de juicio, los fiscales argumentaron que ”su aparente menor visibilidad no puede ser entendida como menor injerencia”.
Un punto que exhibe los vacíos de la imputación es que Luciani y Mola ni siquiera pudieron exhibir alguna orden o instrucción de De Vido a José López, entonces secretario de Obras Públicas, que apareció tirando los bolsos con nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Sucede que ambos se llevaban muy mal y no mantenían ningún diálogo y más bien eran casi enemigos.
Tampoco hay mensajes ni chats ni instrucciones de De Vido respecto de Lázaro Báez y en las licitaciones del área de energía, que dependía de Planificación, y que se hicieron en Buenos Aires, Báez no ganó ni una obra, pese a que se presentó en varios de los concursos, siempre asociado con empresas especializadas.
Julio De Vido, la primera defensa de un funcionario nacional
Rusconi y Palmeiro serán los primeros en alegar en defensa de un funcionario nacional. Hasta ahora intervinieron abogados de extitulares de la vialidad provincial de Santa Cruz y del ex delegado de Vialidad Nacional en ese distrito. El caso más grotesco fue la acusación contra Héctor Garro, que encabezó vialidad de Santa Cruz durante apenas seis meses y se le atribuyó defraudación en perjuicio del estado nacional.
Lo concreto es que no hay evidencia alguna de sobreprecios -ni planteó nada así en el juicio- dado que en las muy pocas obras en las que tuvo algo ver no se hizo ninguna pericia, o sea no se verificó ninguna irregularidad. Encima, los fondos salieron de Santa Cruz, no del estado nacional, o sea que resultó imposible la defraudación planteada. Las obras en cuestión fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas, la fiscalía de Estado y hasta la justicia de Santa Cruz, sin que se detectara ninguna anomalía.
El abogado de Garro, Mariano Fragueiro Frías, insistió una y otra vez en que los fiscales ni siquiera habían leído el expediente.
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