Denuncian a Patricia Bullrich por la compra de equipos de seguridad para el G20 con sobreprecio y demoras.

El material fue adquirido por 9 millones de dólares, luego de haber finalizado la cumbre y presentó sobreprecios de hasta 315 %.

-Por estos motivos se acusa a la ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri por malversación de caudales públicos y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

-La ministra argumentó que los elementos que fueron comprados eran necesarios para la cumbre del G-20, evento que se celebraría en la provincia de Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018.

-Entre las compras ordenadas por Pato Bullrich se encontraban 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas. Para ello fueron necesarios 9 millones de dólares, costo que presentaban recargos de hasta 315%, como es el caso de los chalecos antibalas para los que se abonó 30% de más.

Por otro lado, la compra tuvo una demora de 5 meses luego de haber finalizado el evento internacional.

-La denuncia ante la oficina de Anticorrupción estipula que “La entrega de los productos luego de la realización del evento que generó la necesidad de sus adquisiciones traen como lógica conclusión, o bien que esas necesidades no fueron satisfechas, o que fueron satisfechas con la realización de gastos adicionales, o bien que los productos adquiridos no eran necesarios para el desarrollo del evento en cuestión, lo que implicaría que la motivación del acto administrativo resultó falsa. En cualquiera de estos casos nos encontraríamos ante el posible incumplimiento de los funcionarios que tramitaron estos expedientes y aprobaron las licitaciones en esas condiciones, del deber de proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados”.

-Bullrich fue denunciada junto con otro grupo de exfuncionarios de su equipo en una presentación que hizo la OA, al mando de Félix Crous, que le tocó por sorteo al juzgado de Luis Rodríguez y la fiscalía de Paloma Ochoa. Los delitos que se les atribuyen son incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.