El Observatorio de Víctimas de Delitos visito la Casa de la Mujer

Recibimos la visita de funcionarios del OBSERVATORIO DE VÍCTIMAS DE DELITOS (OVD), en la Biblioteca Feminista Popular “Julieta Lanteri” de la Casa de la Mujer “Esther de Careaga”, pertenecientes a la Agrupación De Frente.

El organismo dependiente de la cámara de Diputados de la Nación no llega por casualidad al territorio, llega a través de la Secretaria de Desarrollo Social de Cañuelas, Ayelen Rasquetti por el importante trabajo que realiza La Casa de la Mujer, como único refugio de asistencia a victimas de violencia de genero en el partido de Cañuelas, brindando contención, acompañamiento y asistencia a cientos de mujeres y sus familias que sufren este flagelo.

En el encuentro se llevo a cabo una charla informativa, que brindo saberes y herramientas a los asistentes en cuanto a la Ley 27.372 que asiste a la víctimas de delitos, y el funcionamiento del Observatorio y su articulación con las distintas áreas del Estado.

Participaron del recorrido Estuvieron presentes Sandra Rossi, directora del Observatorio, Fernando Marteli, Dir. Gral. de Emergencias del Ministerio de Desarrollo de la Nación, el equipo técnico de abogados del Observatorio, Ayelen Rasquetti, Sec. de Desarrollo Social del Municipio de Cañuelas, Carolina Rasquetti de la Defensoría del Pueblo, Marta Ferraro, Subsecretaria de Hábitat y Economía Popular de Cañuelas y Sec. Gral. de la Agrupación De Frente, Alejandro Zuasquita del Frente Grande, Lucia Soria y Claudio Morahin de Irrompiblxs de Máximo Paz, Guido Peralta de Proyecto Nacional, Paola Frosio de la Cámpora, además de compañerxs de la Agrupación.

¿Qué es el Observatorio?

Con radicación y funciones en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tiene como objetivo asistir al desarrollo de las mejores prácticas tendientes a la protección de los beneficiarios de la Ley N° 27.372 (“Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos”).

Velar por el cumplimiento de las Leyes vigentes en materia de asistencia y protección a las víctimas de delitos y hacer conocer, respetar y maximizar los Derechos Humanos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y su doctrina en todo el territorio nacional.

La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos tiene como objeto:

a) Reconocer y garantizar los derechos de las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales;

b) Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados;

c) Establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delitos.

Por Resolución Presidencial Nº 432/2020 del 1°de marzo de 2020, se radica el Observatorio de Víctimas de Delitos bajo la dependencia de la Presidencia de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El antecedente inmediato data del año 2013 cuando, por Decreto 1476/13, el entonces Presidente del Honorable Senado de la Nación creó el Observatorio de Derechos Humanos en el ámbito de la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

El reconocimiento y garantía de los derechos de las Personas Víctimas de Delitos, posee un largo recorrido supra legal e internacional, que ha sido causa fuente de un lento proceso de consolidación en la República Argentina, del cual el OVD es parte integrante.

En noviembre de 1985, la Asamblea General adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (Resolución 40/34, anexo). Este instrumento iluminó un camino para los Estados adherentes en forma de recomendación hacia su interior legislativo.

La mentada Declaración se ha transformado en el punto fundante para el reconocimiento de derechos esenciales tales como el acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento, indemnización, asistencia y los necesarios para evitar los abusos de poder.

En este camino de buenas prácticas debemos citar también el “Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder”, elaborado con la participación de expertos de más de cuarenta (40) países para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el año 1999, y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, adoptadas en la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se desarrollan principios básicos para un mejor acceso a la justicia a todas las personas en condición de vulnerabilidad.

Actualmente, en todo el mundo, acompañados del esfuerzo de las diferentes Organizaciones No Gubernamentales, actores locales y Organismos Estatales centralizados y descentralizados, se han creado diversos organismos con similares objetivos, respondiendo a la situación individual, colectiva, social y regional de las víctimas de la acción delictual. Todos los actores se unen en la tarea y el abordaje de una problemática común.

Hoy, desde el OBSERVATORIO DE VÍCTIMAS DE DELITOS de la Argentina, nos comprometemos a asistir y trabajar día a día para minimizar la violencia, resguardar los derechos humanos, y acompañar en el mejor diseño de las políticas públicas de manera conjunta con un Estado presente.

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