Grabois denunció tareas de inteligencia ilegales en la UTEP

La denuncia penal de Grabois detalla tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y apunta contra una política aplicada en conjunto por el gobierno porteño, la Policía de la Ciudad y el sistema judicial. También pide el juicio político de la fiscala Celsa Ramírez, que intentó vincular a la UTEP con una supuesta asociación ilícita ligada a la venta callejera para facilitar el espionaje.

 

El dirigente Juan Grabois presentó una denuncia penal por tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde diciembre de 2020 en adelante y pidió el juicio político de la fiscala porteña Celsa Ramírez, que intentó vincular a la organización sindical con una supuesta asociación ilícita ligada a la venta callejera para facilitar esos seguimientos. Hay fotografías de quienes acuden al edificio de la UTEP en la calle Pedro Echagüe 1265 donde, entre otras cosas, no sólo hay oficinas sino que también funciona un comedor comunitario que recibe a 3500 personas y la obra social Mutual Sentimiento. También se incluyen informes que contienen conclusiones disparatadas, como que existen razones para sospechar de esa organización porque reparte “elementos de higiene” (en plena pandemia) entre las/los vendedoras/as ambulantes, además de acompañarlos en manifestaciones. El caso quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

En los últimos años varios organismos dieron cuenta del hostigamiento y la persecución selectiva de la Policía de la Ciudad respecto de los migrantes senegaleses que se dedican a la venta ambulante. El Ministerio Público de la Defensa porteño señaló la multiplicación creciente de operativos y la acción desproporcionada, que termina en detenciones. La mayor parte de las denuncias por violencia policial tiene como víctima a ese colectivo. Lo mismo fue denunciado por la Defensoría del Pueblo (incluso en casos donde intervino la misma fiscala y con el criterio de asociar a la comunidad senegalesa con el delito) y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hay, evidentemente, una política que aplican en forma complementaria el gobierno porteño, su policía y el sistema judicial. La UTEP enumera otros antecedentes de la fiscala Ramírez.

En todo esto, el papel de la UTEP no es para nada menor, porque precisamente encabeza la representación de quienes subsisten mediante la venta ambulante entre otras modalidades del mercado informal de trabajo. “La criminalización de la organización sindical tiene como efecto inmediato infligir temor entre quienes buscan, por su intermedio, que el Estado dé respuestas a sus necesidades como trabajadoras/es”, sostiene la denuncia. En la pandemia, agrega la organización, se han duplicado esfuerzos en la “tarea humanitaria” para “dar respuesta a necesidades básicas de alimentación, vestimenta, educación, inclusión de liberadas/os, asistencia a víctimas de violencia institucional, de violencia de género, atención psicológica y de la salud integral”. Por eso, sostienen, su labor está protegida por los estándares internacionales de protección de defensores/as de derechos humanos

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