“La participación como capital social de los pueblos”

CLAUDIA COUSO

Las formas de participación popular implican la conformación de organizaciones; o acciones colectivas más disruptivas, tales como las protestas. Como sea, luego de que la gente se manifiesta, nada vuelve a ser lo mismo: más allá del éxito en las reivindicaciones; el reconocimiento de las propias potencialidades y las capacidades organizativas que se desarrollan, pasan a constituir un capital social inconmensurable.

En nuestro país, existe una valiosa experiencia histórica en materia de organización social que se activa cuando ciertas condiciones se encuentran amenazadas. Así, las organizaciones que hoy reclaman por sus derechos económicos son la continuidad de los movimientos de desocupados que surgieron a mediados de los noventa. Gran parte de aquellas personas, a su vez, habían participado -veinte años antes- de las tomas de tierras en el conurbano bonaerense, cuando la desregulación del mercado inmobiliario y la erradicación de las villas de la ciudad de Buenos Aires dejó a miles de familias sin hogar. Esta experiencia nos muestra entonces que cuando la sociedad se organiza, se conforman redes que, aunque no siempre estén activas, siguen estando disponibles. Esto que se puede ver para el caso argentino, sirve también para pensar cualquier otro escenario, en el que una sociedad se organice.

En los países de la región, altamente desiguales en materia económica, se evidencia una fuerte correlación entre el lugar que los sujetos ocupan en la estructura social y la capacidad de gestionar y/o acceder a determinados derechos. Así, en las últimas décadas, la participación en partidos políticos ha dejado lugar -en forma paulatina- a otro tipo de organizaciones que representan la reivindicación de derechos más específicos. Luego de más de una década en el que el precio de los comodities y la presencia de gobiernos que contribuyeron a la ampliación de derechos representó una gran oportunidad para los sectores más postergados, hubo un acceso generalizado a una mayor cantidad de bienes y mejor calidad de vida. Esta situación contribuyó a pensar en una progresividad en materia de derechos. De este modo, los movimientos de mujeres y disidencias sexuales, de la economía social, de villas y barrios, colectivos migrantes, comunidades originarias, y ecologistas (entre otras), pasan a ser espacios en donde distintos sectores luchan por derechos específicos, ya sea por sentirse especialmente afectados o por tener una mayor expertise.

La situación no es igual en todos los países de la región: hay quienes en el pasado reciente han experimentado mayores avances, otros que se han mantenido dentro del camino que venían transitando, países que han virado hacia políticas de corte autoritario, los que han resuelto sus problemas en el marco de mecanismos constitucionales, y otros que no. En todo caso, lo que hoy no podemos ver en cada uno de los países es un escenario de avance progresivo de derechos. El camino parece ser más bien el de retroceso: los derechos civiles y políticos, que parecían indiscutibles, hoy son vulnerados; y los derechos económicos y sociales también han sufrido una importante regresión.

Cuando en el mes de octubre pasado, el presidente del Ecuador anuncia un aumento en el precio de los combustibles el país se vio inmerso en una ola de protestas en la que participaron sectores indígenas, campesinos, obreros y políticos. Los once días que duraron los reclamos constituyeron un hito en lo que a movilización de sectores populares se refiere, pero sobre todo porque dichas expresiones se resolvieron a favor de los reclamos de los manifestantes. Apenas unos días después, el anuncio en el aumento del precio del metro da lugar a una ola de protestas en Chile que resultó inédita por su fuerza, su duración y su oposición al modelo económico; por primera vez, la idea de que el 1% de la población acumulaba el 25% de la riqueza del país, prevalecía sobre el “sentido común” que hablaba de un país capitalista en continuo progreso. Finalmente, la resistencia que se da en los sectores indígenas, campesinos y cocaleros en Bolivia tras el golpe de Estado en ese país, nos habla de sectores que por primera vez en su historia han experimentado una ciudadanía plena, y no están dispuestos a perderla.

García Linera señala que el Estado es un campo de disputa por la reproducción o reforma del orden social. Coincidiendo con ello, no caben dudas de que, en muchos países de América Latina, la lucha política entre sectores de la sociedad y quienes históricamente han tenido posiciones privilegiadas, está en un momento crucial. En el mapa latinoamericano, predominan gobiernos poco preocupados por una justa distribución de los beneficios de la economía; y muchos de ellos con pocas pulgas a la hora de reprimir las expresiones de la ciudadanía. Por otra parte, se encuentran los pueblos que recientemente han experimentado mejores estándares de vida. Para llevar adelante sus demandas, las sociedades deben tener un modelo con el cual comparar, y el pasado reciente ya se lo ha dado. También han visto su fuerza en las calles. Ningún especialista en el tema podría prever como sigue la historia. Es una época de finales abiertos.

(*) Claudia Couso es Dra en Ciencias Sociales (UBA). Magister en metodología de la investigación científica (UNER). Lic en Ciencia Política (UBA). Actualmente se desempeña como coordinadora de la red universitaria y publicaciones en el Programa de Derechos Humanos y Democratización para América Latina (UNSAM- UE) y docente de la carrera de Administración Pública (UNSAM) y de Ciencia Política (UBA)

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