Perú | Fallece otro adolescente por la represión y el congreso aprueba investigar las muertes en las protestas.

bTras las protestas en Puno, un adolescente de 15 años que se encontraba con su madre y no participaba en el paro se convirtió en la víctima mortal número 18 en Juliaca, luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según informó la madre del menor , ambos se encontraban caminando por el jirón Moquegua sin ser parte de las protestas, el último lunes 9 de enero, cuando una bala le cayó en la cabeza y lo tumbó al pavimento.

Rápidamente, el adolescente fue conducido hasta el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde fue internado en una cama UCI. Sin embargo, pese a la labor de los médicos durante tres días, Brayan Apaza Jumpuri falleció a raíz de un fuerte cuadro de hematoma.

De esta forma, el joven se convirtió en un civil más fallecido que no participaba directamente en las protestas. Al igual que él, también murieron el médico internista Marco Antonio Samillan Sanga (31), un vendedor de helados, una menor amante de los animales, entre otros.

En tanto, la madre de Brayan responsabilizó a Dina Boluarte por la muerte de su hijo. “Dina dice que es una madre, (pero) ella no es una madre. Mi niño solo tenía 15 años. Dina, quiero que me devuelvas a mi hijo. No te importamos nada, como animales nos matan a nosotros. Todos ha muerto por tu culpa”, expresó la afectada mujer.

El pleno del Congreso aprobó la moción de orden del día 5039 para crear una comisión investigadora que determine las responsabilidades por la afectación a los derechos humanos en las protestas ocurridas desde el 7 de diciembre de 2022. Con 71 votos a favor y 45 en contra, se dió luz verde para llevar adelante la iniciativa presentada por las bancadas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial y Perú Democrático.

Las bancadas en cuestión “proponen que el Congreso de la República constituya una comisión investigadora que determine las responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física, ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022. La comisión tendría un plazo de 60 días para realizar las investigaciones. Moción presentada el 16 de diciembre de 2022”.

Durante el debate, tanto grupos parlamentarios de izquierda y derecha coincidieron en la importancia de investigar los hechos. Sin embargo, algunos difieren en si necesariamente es el Congreso quien deba asumir las pesquisas o dejar que se encargue íntegramente el Ministerio Público.

En el noveno día de la reanudación de las protestas, que empezaron el pasado 7 de diciembre, la cifra de fallecidos aumentó a 47. La última víctima mortal se registró en Cusco: un dirigente campesino perdió la vida el miércoles 11 de enero a las 9.50 de la noche.

Como se recuerda, los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del actual Congreso, a fin de que se lleven a cabo de inmediato nuevas elecciones generales. Las protestas dieron inicio el mismo día en que el exmandatario Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado y procuró disolver el Legislativo, además de clausurar todo el sistema de justicia nacional.