En el día de ayer, la policía de Catamarca comenzó a disparar balas de goma a vecinxs del pueblo Choya en Andagalá que mantenían un acampe en defensa del agua y contra el avance del proyecto minero que azota la región.
Así como en varias provincias que integran el territorio cordillerano, Andalgalá también sufrió la embestida extractivista. En el año 2021, la empresa MARA, de la transnacional Yamana Gold, subió al cerro e inició ilegalmente la exploración avanzada, justo donde nace el río, en ambiente glaciar y periglacial.
Hace varios días, vecinxs cansados de los problemas de salud que padecen por consecuencia de las acciones mineras del proyecto MARA Agua Rica en la región, se manifestaron impidiendo el avance de vehículos de la minería.
Anoche, la policía reprimió esa manifestación con violencia extrema.
No solo repudiamos todo hecho de violencia contra la manifestación de derechos básicos como el acceso al agua y el cuidado de la salud y el medioambiente, sino que denunciamos a quienes toman decisiones políticas de mano dura que solo demuestran un interés por resguardar y acrecentar dividendos, y no en proteger la vida y cuidar la salud de las personas.
La policía de Catamarca comunicó en redes sociales que los hechos fueron una emboscada de grupos antimineros seguida de violencia contra móviles policiales, instalando falsas acusaciones que buscan desacreditar la lucha ciudadana y colectiva, ante la opinión pública.
Estas prácticas no son nuevas en la provincia, por medio del aparato represor y secundado por el poder judicial, vienen persiguiendo y encarcelando a compañerxs bajo causas armadas para criminalizar la defensa del agua.
Estamos en emergencia climática y el planeta pide a gritos que paremos de lastimarlo.
Seguiremos apoyando la lucha de quienes construyen las defensas por un mundo más sano para todxs, y denunciando a quienes defienden intereses extranjeros para el enriquecimiento de algunxs pocxs y a costa del sufrimiento de muchxs.
Seguiremos apoyando a vecinxs y compañerxs de Catamarca que alzan la voz en defensa de la casa común.
Varios ambientalistas y policías resultaron heridos tras la represión en Choya, Andalgalá, a raíz de un corte de ruta que grupos antimineros llevaban a cabo a la altura de Minas Capillitas.
La activista Karina Orquera, vecina de Choya, quedó detenida y las asambleas ambientalistas declararon el estado de alerta, tras una multitudinaria marcha en el centro de Adalgalá.
Según denunciaron desde los movimientos ambientalistas, el conflicto inició en horas de la tarde en Minas Capillitas, a más de 3000 msnm. Allí un grupo de manifestantes cortaban la ruta como protesta a la actividad del proyecto minero Mara-Agua Rica.
Desde la Asamblea El Algarrobo, denunciaron que fue el fiscal Martín Camps, quien ordenó el despliegue de las fuerzas policiales.
Asamblea El Algarrobo
Los asambleístas denunciaron a través de un comunicado que “en el marco del conflicto minero de la población de Choya y Andalgalá, el Gobierno y la Justicia desplegaron las fuerzas policiales para garantizar la impunidad a 4.000 msnm de la empresa minera (proyecto MARA) reprimiendo solapadamente a la población de Andalgalá que se encontraba en uno de los ingresos de la empresa hacia el yacimiento minero Agua Rica”.
Los ambientalistas recordaron que los vecinos de Choya desde el 5 de abril vienen pidiendo la presencia del Gobernador para hacerle conocer la problemática con respecto al Río Choya y la disconformidad de la población con el emprendimiento MARA en la región”.
