SE PRESENTÓ UNA DENUNCIA FEDERAL CONTRA LA CÚPULA POLICIAL Y JUDICIAL QUE INFILTRÓ ORGANIZACIONES SOCIALES EN JUJUY

En una conferencia de prensa desde San Salvador, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos comunicó que se ha presentado una denuncia penal en la Justicia Federal de Jujuy contra los funcionarios políticos y judiciales involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares. Además, repudiaron la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial por institucionalizar la criminalización de la protesta social.

La denuncia –realizada con el patrocinio de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- es contra el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Luis Alberto Martin; el Jefe de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario General Héctor Horacio Herbas Mejía; titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario Marcelo Rodriguez; el titular de Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública n° 2 de San Salvador de Jujuy, Diego Ignacio Funes; y el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública de San Salvador de Jujuy, Rodolfo Miguel Fernandez.

La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales, organizaciones sociales y sindicales, se encuentra por cuarta vez en la provincia de Jujuy relevando denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del gobierno provincial.

En su anterior visita en el mes de Julio, la Comisión elaboró un informe  donde se detallan 58 casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales como violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna. Entre los casos más resonantes del informe se encuentra la historia de una mujer que fue obligada a abortar por la policía jujeña; y el secuestro de un joven por parte de individuos con comportamiento policial.