Una democracia que Sangra

Los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) le llevaron a la Casa Rosada su propio proyecto de reforma laboral con el objetivo de que el Gobierno lo incorpore a la nueva versión reducida de la fracasada Ley Bases. Se busca convertir en ley un texto plasmado casi en espejo al capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei que suspendió la Justicia del Trabajo.

La propuesta que recibió ayer el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, prevé beneficios para los sectores empresarios como la reducción de la carga fiscal sobre el empleo y la simplificación del registro laboral, el tiempo que carga sobre las conquistas de los trabajadores: extender el periodo de prueba por seis meses sin derechos a indemnización, eliminar el actual sistema de indemnizaciones y reemplazarlo por un fondo de desempleo, eliminar los aportes sindicales con los que se sustentan los gremios, y declarar “servicio esencial” a la Educación.

Aspectos clave de esta propuesta:

Eliminación de indemnizaciones: La iniciativa, en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, busca eliminar el actual sistema de indemnizaciones. En lugar de las indemnizaciones tradicionales, se propone establecer un fondo de desempleo.
Reducción de aportes sindicales: La reforma elimina los aportes sindicales que sustentan a los gremios. Esto podría tener un impacto significativo en la financiación de las organizaciones sindicales.
Declaración de “servicio esencial” a la Educación: La propuesta declara a la Educación como servicio esencial. Además, obliga a los docentes a cubrir el 75% de los puestos de trabajo en caso de huelga. Esta medida podría limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación.
Extensión del periodo de prueba: La reforma laboral busca extender el periodo de prueba a seis meses sin derechos a indemnización. Esto afectaría a los trabajadores durante los primeros meses de empleo.
Simplificación del registro laboral y beneficios para sectores empresarios: La propuesta también incluye medidas como la reducción de la carga fiscal sobre el empleo y la simplificación del registro laboral. Estas medidas están destinadas a favorecer a los sectores empresariales.

La iniciativa cercena derechos sobre los trabajadores. Bajo el título de “libertad sindical”, el proyecto propone “eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad)”, con lo que quita el aporte de los trabajadores a su organización gremial. Algo que muchos de los diputados que integran los bloques dialoguistas consideran una “provocación” a las organizaciones sindicales. Propone “extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar”, por parte del empleador.

También va en contra del derecho a huelga, con el fundamento de declarar a “la Educación como servicio estratégico esencial”. Con lo que el proyecto busca “establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho”. El articulado estable allí la obligación para los docentes de garantizar al menos el 75 por ciento de los puestos de trabajos.

Pero la medida no se acaba allí. También extiende esta exigencia “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50 por ciento” de los puestos laborales. Una lista que incluye a casi todas las ramas de servicios e industria. Va desde “los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos” y la propia producción de los mismos, hasta “la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica y los “los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales”, pasando Transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías”, “la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario”, “los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico”, los “servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior”; y hasta los “servicios de radio y televisión”.

Además de poner en manos de una “comisión de expertos” las actividades que se podrían sumar a las restricciones, con lo que el derecho de huelga en la Argentina pasaría a ser una mera declaración formal sin posibilidad de ejecución.

La reforma laboral presentada por la UCR tiene como objetivo modificar varios aspectos del sistema laboral, pero también ha generado controversia debido a las restricciones en el derecho a huelga y la eliminación de indemnizaciones. Es importante seguir de cerca los debates y discusiones en torno a esta propuesta, ya que podría tener un impacto significativo en las condiciones laborales en Argentina.

Los docentes han sido históricamente un grupo combativo en Argentina. Las huelgas docentes son comunes y a menudo reavivan debates sobre la educación y los derechos laborales.

- En 1881. la primera huelga de docentes en argentina ocurrió en la provincia de San Luis debido al atraso en el pago de salarios adeudados y bajo valor de los vales de tesorería recibidos
- La conflictividad laboral en el sistema educativo afecta de manera heterogénea a las distintas provincias. Algunas jurisdicciones muestran altos niveles de conflictividad, mientras que otras han experimentado menos huelgas docentes en los últimos años.

Trabajadores informales:

- - Los trabajadores informales, también conocidos como trabajadores no asalariados, desempeñan un papel crucial en la economía. Estos incluyen vendedores ambulantes, trabajadores por cuenta propia y otros que no están formalmente empleados.
  - Aunque no siempre se organizan en sindicatos formales, los trabajadores informales también pueden promover medidas de fuerza. Sin embargo, la corte suprema de argentina ha resuelto que solo los gremios (organizaciones formales de trabajadores) tienen derecho legítimo de declarar una huelga.

el Gobierno de Milei ha tomado medidas que apuntan a desfinanciar la educación pública en todos sus niveles. Algunas de estas decisiones incluyen:

Renunciar a la paritaria nacional docente.
Clausurar el Fonid.
No aportar recursos al SAE.
Diluir el Fondo Educativo.
Ofrecer solo un 7% de aumento a los docentes universitarios a pesar de una inflación acumulada del 45%.
Repetir el presupuesto nacional de las universidades de 2023 después de una super devaluación que aumentó el tipo de cambio en un 118%.
Cerrar por Decreto cinco universidades

Las opiniones de Javier Milei sobre la educación pública han generado controversia y debates en Argentina, y su gobierno ha tomado medidas que impactan directamente en el sistema educativo del país. Veremos qué acción tomarán en base a este proyecto. Recordemos que tanto los docentes como los trabajadores informales han sido actores importantes en la lucha por los derechos laborales en Argentina. Sus demandas y acciones contribuyen al dinamismo del conflicto laboral en el país.