Víctimas de esterilizaciones forzadas

Después de 25 años de demoras, este Lunes 1 de Marzo, comenzó un nuevo proceso judicial contra el expresidente de Perú Alberto Fujimori y otros investigados, entre ellos tres exministros de Salud (Alejandro Aguinaga, médico personal de Fujimori y actual candidato al Congreso por el fujimorismo, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer) quienes tendrán que dar explicaciones por su plan de esterilización forzosa de 350 mil mujeres y 25 mil hombres campesinos y de pueblos originarios, ejecutado durante su gobierno entre 1990 y 2000.

El fiscal a cargo de la causa afirmó que los imputados “jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño” causado. En el proceso, a cargo del juez penal Rafael Martínez Vargas, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos” contra mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000. Fujimori -quien cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos-, no participó en la audiencia, porque solo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición desde Chile, en septiembre de 2007.

Se estima que más de 300 mil peruanas pobres fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó adelante en sus últimos cuatro años en el poder. La mayoría de las víctimas eran indígenas que no dominaban el español, muchas padecieron severas secuelas físicas e incluso complicaciones derivadas de la cirugía que las llevaron a la muerte. Tampoco se sabe con exactitud cuántas mujeres murieron por las esterilizaciones forzadas. Las víctimas también padecieron secuelas psicológicas y muchas de ellas fueron abandonadas por sus maridos al no poder tener hijos.
Las mujeres que piden justicia hace 25 años :
Uno de los casos más significativos fue el de Mamérita Mestanza, una campesina indígena que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización forzada. Llegó a recibir cerca de 10 visitas de funcionarios del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar hasta que fue operada sin su consentimiento. En 2003 su caso llegó a la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) y el Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió a indemnizar a sus familiares y a investigar y sancionar a los responsables de esta práctica. El Estado peruano reconoció el mes pasado el derecho de las víctimas tras la aprobación de un nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones (PIR), un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las fuerzas armadas con grupos irregulares entre 1980 y 2000. La indemnización fue aprobada gracias a una campaña promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
ARGENTINA EN LA ACTUALIDAD
En nuestro país, la ley nacional Nº 26.130 establece que a partir de la mayoría de edad las personas pueden acceder gratis a la ligadura tubaria. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible. LA ESTERILIZACIÓN SIN CONSENTIMIENTO DE LA PROPIA PERSONA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, la OMS menciona que la esterilización sin el consentimiento pleno, libre e informado de la propia persona ha sido descrita de diversas formas por organismos internacionales y regionales de derechos humanos como un acto involuntario, coercitivo y/o práctica forzada, y como violación de los derechos humanos.
Desde hace varios años se pretende reformar esta ley, la misma fue recomendada en 2012 por el Comité de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su último informe sobre Argentina manifestó “su preocupación por la existencia de prácticas de esterilización sin su consentimiento libre e informado”. La directora nacional de políticas y regulación de servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Susana Underwood, sostuvo que “hay muchas esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad en Argentina” y manifestó su apoyo a la reforma 26.130 que reclaman un conjunto de organizaciones para prevenirlas, al tiempo que advirtió que hay quienes “expresan su deseo de maternar y se lo ignora activamente”. “Entendemos que hay muchas esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad en Argentina, aunque no es fácil obtener datos que permitan cuantificarlo con certeza”.
La reforma de esta ley fue al tiempo que exhorta a modificar también el artículo 86 del Código Penal y a “ofrecer los apoyos necesarios a las mujeres sometidas a un régimen de tutela o curatela para que sean ellas mismas las que den su consentimiento informado”.

La iniciativa lanzada esta semana por REDI, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Cladem Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), FUSA Asociación Civil y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) plantea la reforma de los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130 que establece el “Régimen Para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica” (2006). Cabe mencionar que ingresaron a diputados, los proyectos de ley con fecha 23-11-2016, que refieren a la modificación del articulo 3, sobre accesibilidad al consentimiento informado cuando se trate de persona discapacitada, y con fecha 12-04-2019 las modificaciones de las leyes 17132 y 26130. Aún a la espera de la reforma normativa.

Fuentes: Télam / Latinoamérica piensa.